#6meses de Túnez

Qué ha pasado.

El clima político interno ha degenerado considerablemente en los últimos seis meses, debido en gran parte a la celebración de varios macrojuicios muy controvertidos en los que se ha encausado a importantes miembros de la oposición al régimen de Kais Saïed. A principios de marzo se abría el proceso por “complot contra la seguridad del Estado” contra cuarenta personas -entre abogados, políticos, activistas y periodistas-, detenidas en muchos casos hasta dos años antes y calificadas por el presidente Saïed como “terroristas” por “pretender cambiar la forma del Estado”. Entre los procesados, algunas caras conocidas como el dirigente islamista Rachid Ghannouchi (Ennahdha) o el filósofo francés Bernard Henri-Levy (en ausencia). La sentencia, con condenas de entre cuatro y sesenta y seis años de prisión, fue denunciada enérgicamente por las defensas y por HRW por la vulneración de derechos de los condenados y la total ausencia de pruebas. En mayo, comenzaba el llamado “caso 2”, esta vez frente a veintiuna personas (de nuevo, Ghannouchi) por delitos similares, en un juicio resuelto igualmente con penas de entre doce y treinta y cinco años de prisión.

En junio fue la líder del Partido Desturiano Libre, Abir Moussi, quien fue condenada a dos años de privación de libertad sobre la base del famoso “decreto 54”. Promulgado en 2022 como forma de lucha contra el cibercrimen y la desinformación, el texto legal se viene utilizando, según denuncian los afectados, como instrumento represivo para castigar severamente cualquier declaración o manifestación crítica hacia el régimen. El mismo decreto permitió también el procesamiento de la abogada Sonia Dahmani, condenada a dos años de prisión en julio por difundir “rumores falsos” sobre las supuestas prácticas racistas en el país.

Otras condenas de gran repercusión durante este primer semestre fueron las del ex presidente Moncef Marzouki (2011-2014, hoy exiliado en Francia) a veintidós años por “crímenes vinculados al terrorismo” (que acumula a otras condenas por cuatro años en 2021 y otros ocho en 2024); y la del ex primer ministro Ali Laarayedh (2013-2014, Ennahdha) a treinta y cuatro años de prisión por enviar yihadistas a Siria e Irak durante su mandato.

El clima de fuerte presión judicial ha afectado notablemente a los movimientos de protesta que, pese a algunas excepciones, han reducido su presencia en las calles ante el temor de las detenciones. Las sesiones de los macrojuicios convocaron a decenas de manifestantes en las proximidades de los juzgados, pero no llegaron a producirse convocatorias de entidad salvo en la capital. En agosto, el ataque perpetrado contra la sede de la CGTT por partidarios de Saïed y la ausencia de condena por parte de éste, provocaron que unos dos mil manifestantes respaldaran la protesta convocada por el sindicato, donde se esgrimieron reivindicaciones no sólo políticas (por su propia existencia y contra el estado policial o las milicias) sino también económicas por el aumento del precio de los alimentos. La última medida restrictiva de derechos fundamentales ha sido el cierre de la Instancia Nacional de Acceso a la Información, una institución clave para la transparencia y la rendición de cuentas por parte de los poderes públicos, creada en 2017.

El efecto de las movilizaciones sobre la actuación del régimen resulta, en consecuencia, limitado. No parece, desde luego, la causa de que el presidente sustituyera en marzo al primer ministro Kamel Madouri por Sara Zaafrani, quien se convierte así en la sexta primera ministra y segunda mujer en el puesto bajo la presidencia de Saïed. Ingeniera de sesenta y dos años sin filiación política, ocupaba el cargo de ministra de Equipamiento y Vivienda desde 2021.

En lo económico, desde principios de año el país pone a prueba el arriesgado plan financiero marcado por el presidente. Pese a los tímidos signos de crecimiento y la recuperación de la confianza por parte de las entidades de rating, el rechazo de Saïed a recibir préstamos del exterior y su deteriorada relación con el FMI le están poniendo en aprietos para equilibrar el presupuesto. La nueva ley de finanzas ha supuesto una subida de impuestos a las rentas más altas y a las empresas y se ha incrementado la dependencia del préstamo interior (tanto del Banco Central como de los bancos privados), lo que podría derivar en una bajada del crédito a particulares y un aumento de los precios. Pese a todo, la tasa de inflación se ha mantenido constante desde finales de 2024 -gracias a las excelentes temporadas de producción de oliva y dátil y el fuerte ascenso del turismo- y ha seguido bajando durante el último semestre -5,2% en agosto, la más baja desde 2021-.

En el plano exterior, Túnez viene reduciendo sus relaciones con Occidente mientras potencia sus contactos con África y sus vecinos Argelia (principal apoyo) e Italia (cuya primera ministra Meloni visitó de nuevo Túnez a finales de julio). Fiel a su postura tradicional, el país es un firme defensor de la autodeterminación palestina y ha denunciado la “agresión sionista” en la Franja de Gaza. En este apoyo, asume un especial protagonismo la sociedad civil, que organizó un convoy terrestre de unas mil personas con la intención de atravesar el paso egipcio de Rafah, frustrado sin embargo tras ser detenido en el este de Libia. Oficialmente, el presidente Saïed se muestra indignado por la situación en Palestina y niega rotundamente cualquier rumor de normalización con Tel Aviv, aunque se ha acusado al dirigente de limitar al máximo las movilizaciones sociales de apoyo a los palestinos así como de bloquear una iniciativa legislativa destinada a penalizar las relaciones con Israel. En todo caso, el país sigue una trayectoria propia evitando sumarse a otras iniciativas o condenas multilaterales (por ejemplo, la frialdad mostrada ante el plan egipcio para Gaza en el marco de la Liga Árabe), y durante el bombardeo israelí a Irán emitió su propio comunicado, paralelo al emitido por la mayoría de países árabes.

La relación con EE.UU. no atraviesa su mejor momento. El presidente Trump ya redujo su atención hacia Túnez durante su primer mandato y en este segundo no parece que el país constituya una prioridad para su administración, debido especialmente al retroceso democrático y la inamovible postura de Saïed en torno a la normalización con Israel. Por ello, pese a seguir aparentemente alineados en términos de cooperación militar -Túnez volvió a albergar parte de los ejercicios anuales African Lion-, la Casa Blanca comenzó en agosto a aplicar unos aranceles del 25% a las importaciones tunecinas (frente al 10% de Marruecos o Mauritania) tras no llegar a un acuerdo al respecto ni conseguir el enviado especial de Trump, Massad Boulos, convencer a Saïed de sumarse a los Acuerdos de Abraham.

Qué esperar.

En los próximos meses se mantendrá el progresivo deterioro de las libertades públicas y de los derechos fundamentales. La primera ministra Zaafrani continuará ejecutando la misma agenda marcada por el presidente Saïed y, salvo acontecimiento imprevisto que pudiese hacer de desencadenante, no parece que las movilizaciones sociales vayan a aumentar notablemente, ni siquiera cuando se resuelvan las apelaciones a las sentencias en las macrocausas judiciales contra la oposición y el activismo político.

Habrá que ver, en primer lugar, si el presidente es capaz de poner fin al prolongado retraso en la aplicación de sus compromisos. No en vano, pese a haber sido reelegido hace casi un año, lo cierto es que no ha avanzado demasiado en sus promesas electorales de regeneración y aún no ha concretado reglamentariamente algunas de las instituciones contempladas en la nueva constitución, como es el caso del Tribunal Constitucional. Su acción legislativa más reseñable sería la modificación del Código de Trabajo -para acabar con la subcontratación y el trabajo precario, pero que también ha puesto coto a los sindicatos- y la nueva ley de cheques bancarios -que ha supuesto dificultades para los pequeños y medianos negocios acostumbrados a ese medio de pago-. En este aspecto, además, será importante observar cómo se comporta el poder legislativo, acusado de haber sido convertido por Saïed en mero ratificador de sus decretos gubernativos, pese a negarse a aprobar un préstamo de la Agencia Francesa de Desarrollo de ochenta millones de euros. 

Por otro lado, comprobaremos si la apuesta económica del gobierno produce los frutos prometidos y se cumplen así las previsiones de crecimiento o si, por el contrario, el alto endeudamiento interior pasa factura a las finanzas tunecinas al someter a demasiada presión al sistema bancario.  

En lo exterior, asistiremos al robustecimiento del eje Argel-Túnez-Roma, tanto en términos energéticos y migratorios como de seguridad, dada la similitud de intereses en el asunto libio. Túnez pretende asimismo promover su Africa Gateway, iniciativa de índole comercial con la que ansía favorecer la movilidad de productos entre Mauritania, Argelia, Túnez y Libia y conectarlos con Europa. Además, buscaría ofrecer una salida marítima a países enclavados del sur como Chad, Malí, Burkina Faso o Níger a través de Libia, erigiéndose así en competencia a la ‘Iniciativa Atlántica’ de Marruecos y aprovechando el deterioro de la diplomacia argelina en la región del Sahel.

Finalmente, toda la región podría enfrentarse a un momento de convulsión social debido al anunciado reconocimiento del Estado Palestino por parte de varios países -sobre todo, occidentales- durante la próxima Asamblea General de la ONU del día 22 de septiembre. Así, las dinámicas de inercia derivadas de esa declaración podrían ser aprovechadas por la “calle árabe” para multiplicar los movimientos sociales de protesta.